Imprimir

Nuevo Proceso Laboral Uruguayo

Publicado en Laboral y Seg. Social

Analisis del nuevo proceso laboral

Por Enrique Díaz Venegas.
Doctor en Derecho y Ciencia Sociales.
Díaz & Rosas Abogados.

 

Sumario

I. Introducción, II. Proceso ordinario, III. Proceso de menor cuantía, IV. Breve análisis de la nueva norma, V. Conclusión

I. Introducción

El pasado 8 de Septiembre fue aprobado por el parlamento nacional el proyecto de ley sobre abreviación de los juicios laborales, el cual fue promulgado por el poder ejecutivo el 15 de septiembre del corriente, la misma todavía no ha sido publicada en el diario oficial, esta nueva normativa introduce cambios sustanciales y de gran relevancia en el proceso laboral, que ya ha generado fuertes reacciones desde el ámbito empresarial y diversas opiniones en lo académico.

En el informe presentado por la comisión de legislación del trabajo de la cámara de representantes, se expresa la necesidad de contar con un nuevo proceso en materia laboral, que recoja los rasgos de autonomía, especialidad y rapidez que reclaman distintas normas de carácter internacional así como gran parte de la doctrina laboralista de nuestro país. Este proyecto encuadra en la serie importante de cambios que se han dado en los últimos años en lo que a la legislación en materia laboral respecta introduciendo cambios sustanciales en nuestro proceso laboral.

En primer lugar la nueva normativa distingue entre dos tipos de procesos aquel que denomina ordinario y el proceso de menor cuantía, pero también introduce cambios a la conciliación administrativa que se realiza ante el Ministerio de Trabajo y la seguridad Social.

En primer lugar la conciliación administrativa deberá ser presentada ante el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social en escrito fundado el cual deberá de contener los rubros reclamados claramente detallados así como los extremos en que se fundamente el reclamo de dichos rubros, la citación se hará a la empresa y las personas que total o parcialmente sean responsables de esos créditos según el trabajador. En caso de que el empleador citado considere que hay terceros responsables, que sean total o parcialmente responsables deberá de denunciarlos y citarlos a la audiencia administrativa correspondiente, de lo contrario habrá una presunción simple en su contra.

La posibilidad de prorrogas no podrá exceder los 30 días desde la solicitud, esto es en caso de llegar a un acuerdo el mismo tendrá que ser realizados dentro de esos 30 días de lo contrario el trabajador está en condiciones de pedir una constancia de que no se ha llegado a conciliar con la cual podrá comenzar la vía judicial.

Ya en la vía judicial tenemos que distinguir dos situaciones, en primer lugar si el monto reclamado es superior a los $81000 (pesos Uruguayos) este monto será actualizado por la suprema corte de justicia, en este caso nos vamos a enfrentar al procedimiento ordinario, o si es menor en cuyo caso nos enfrentaremos a un proceso de menor cuantía.

 

II. Proceso Ordinario

Se procederá mediante el proceso ordinario cuando el monto reclamado exceda los $81000 (Pesos Uruguayos), luego de la conciliación administrativa y habiendo sido inútilmente tentada la misma el trabajador podrá presentar su demanda en las misma condiciones y con los mismos requisitos que rigen hoy en día, el trabajador debe de expresar en la misma todos los rubros reclamados así como toda la prueba que fundamente dichos extremos.

El juez deberá hacer un estudio preliminar de la demanda como ocurre hoy en día, controlando su regularidad o su admisibilidad, estando facultado para rechazar in límine la demanda manifiestamente improponible, para disponer que se subsanen los defectos de forma, para rechazarla en caso de que la pretensión que se pretende esté sujeta a un plazo de caducidad. Producido este control el juez emplazara al demandado confiriéndole traslado.

El plazo del traslado para contestar la demanda es otro de los cambios sustanciales, el mismo pasa de 30 a días corridos a ser de 10 días hábiles, reduciendo de manera significativa el tiempo que tiene el demandado para contestar la demanda, otro aspecto importante es que la nueva norma dispone la improcedencia de la reconvención o contra demanda así como tampoco permite la citación de terceros por parte del demandado, como ya dijimos anteriormente si el empleador considera que hay terceros que sean total o parcialmente responsables estos deberían haber sido citados por él, en la etapa administrativa. En caso de que el demandado no conteste en plazo la demanda el juez fijara de inmediato fecha para dictado de sentencia definitiva.

El demandado al contestar su demanda puede oponer excepciones tal como ocurre en el régimen actual pero a diferencia del mismo, la sustanciación de las excepciones previas por parte del actor (trabajador) debe de ser realizado en un plazo de 3 días hábiles.

El juez debe de fijar audiencia en plazo máximo de 60 días a partir de la presentación. Previo a la misma y luego de recibida la contestación y sustanciación de las excepciones por parte del actor según el caso, el juez tiene 48 horas para pronunciarse fijando el objeto del proceso y el objeto de la prueba, a tal efecto el juez deberá de pronunciarse sobre los medios de prueba solicitados por las partes, rechazando los que fueran inadmisibles, innecesarios o inconducentes disponiendo así para antes de la audiencia el diligenciamiento de los que correspondan. Estas resoluciones podrán ser recurridas por medio de los recursos de reposición y apelación con efecto diferido.

La audiencia será única y en la misma las partes ratificaran sus escritos iniciales, el tribunal deberá ordenar el pago de aquellos rubros que no hubieran sido controvertidos y diligenciara los medios de prueba que el estime necesarios y que no hayan podido ser diligenciados previo a la audiencia.

La incomparecencia del actor traerá como consecuencia el archivo inmediato de las actuaciones. La incomparecencia del demandado dará lugar al dictado inmediato de la sentencia teniéndose por cierto los extremos afirmados por el trabajador.

El juez tiene plazo de 20 días para el dictado de sentencia y el plazo para apelar la misma pasa de 15 días a 5 días. Otro cambio sustancial es que en caso de ser el demandado el que apela la sentencia de condena deberá depositar el 50% del monto que haya fijado la sentencia, condicionando el derecho a la segunda instancia a dicho depósito.

 

III. Proceso de menor cuantía:

Como ya dijimos este proceso de carácter sumario se da cuando el monto reclamado es menor a $81000 (Pesos Uruguayos) este monto será actualizado por la Suprema Corte de Justicia, en el mismo el trabajador presenta la demanda con las características mencionadas para el proceso ordinario. Dentro de las 48 hrs de recibida la demanda el tribunal proveerá: En primer lugar ordenando el traslado y emplazamiento del demandado, previniéndolo que deberá concurrir a la audiencia única muñido de toda la prueba que pretenda ofrecer. En segundo lugar convocando a audiencia en un plazo no mayor a 10 días contados a partir de la fecha de presentación de la demanda.

Las partes deberán de comparecer de forma personal, salvo que a juicio del tribunal exista motivo justificado para comparecer por medio de representante.

El demandado podrá contestar de forma verbal oponiendo eventualmente las excepciones que considere pertinentes y ofreciendo en la misma, la prueba que considere pertinente.

La inasistencia injustificada del trabajador traerá aparejado el archivo de las actuaciones, en caso que la inasistencia sea por parte del demandado, el tribunal dictara sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda.

El tribunal tentara la conciliación, y en caso de no prosperar deberá fijar el objeto del proceso y de la prueba.

Los alegatos también se harán en dicha audiencia, disponiendo el juez de 6 días hábiles para dictar sentencia, la misma es inapelable.

Con respecto a la vía recursiva las resoluciones dictadas en la audiencia solo admitirán recurso de reposición.

También se establece una multa para el demandado perdicioso del 10% del monto del crédito adeudado.

Por último el articulo 32 marca que “las disposiciones de esta ley se aplicaran a todas las reclamaciones iniciadas a partir de su entrada en vigencia aun cuando se hubiesen promovidos procesos con anterioridad”.

 

IV. Breve análisis de la nueva norma:

Con la aparición del Código General del proceso en octubre de 1988, se concreto la idea unificadora del derecho Procesal, en la misma se estructuro el proceso ordinario como el proceso para todas aquellas pretensiones que no tienen un proceso especial para su tramitación (Art. 348 del CGP) quedando dentro de ellas las pretensiones laborales, insatisfacciones jurídicas provenientes de una relación de trabajo.

La doctrina Procesal de nuestro país ha bregado e impulsado la no autonomía del derecho procesal del trabajo argumentando que el derecho procesal es uno solo, que se rige por principios propios y generales que rigen todos los procesos.

Por otro lado la doctrina laboralista de nuestro país defiende la autonomía señalando que el proceso laboral aplica principios y normas peculiares, usando técnicas distintas tanto en materia de prueba, términos y de recursos. Afirman que debido a la desigualdad que tienen las partes al enfrentar dicho litigio, esta debe de ser compensada estableciendo desigualdades en sentido contrario, así lo afirmaban grandes referentes de nuestro derecho tanto a nivel laboral como procesal entre ellos el Profesor Américo PLA Rodríguez y el profesor Couture.

Ahora bien dentro de estos principios tenemos algunos de ellos que son de raigambre constitucional y los cuales no pueden ser soslayados por una legislación especial o autónoma, dentro de ellos podemos marcar los siguientes:

El principio de legalidad artículo 18 de la constitución nacional que marca que es ley la que fijara el orden y las formalidades de los juicios.

El principio del debido proceso en forma legal artículo 12 de la constitución, que es aquel que nos marca que nadie puede ser penado, condenado sin forma de proceso y sentencia legal, esto es que además de ser la ley la que debe marcar la forma y orden de los procesos, esta forma u orden no debe ser de cualquier manera, sino de aquella, que asegure a los individuos la posibilidad real de defensa, lo que la doctrina llama “su día ante el tribunal” este principio está estrechamente relacionado con el de igualdad que se traduce en el derecho procesal en el principio de bilateralidad.

El principio de igualdad procesal artículo 8 de la constitución nacional se traduce a nivel procesal en que las partes deben de ser tratadas con igualdad en el proceso, en el principio de bilateralidad esto es que debe de aplicarse en el proceso el método contradictorio por el cual cada parte en cada oportunidad procesal debe de ser oída por el tribunal en igualdad de condiciones.

Estos dos últimos principios estrechamente vinculados entre sí implican que ambas partes tengan la oportunidad razonable de comparecer de exponer sus derechos de aportar sus medios de prueba con los que fundamentan sus apreciaciones en síntesis se resume a grosso modo en la igualdad de oportunidades procesales de que cada parte goza para hacer valer sus derechos.

En primer término lo importante es ver si la nueva estructura procesal que nos ocupa no violenta o desvanece algunos de los principios referidos en cuanto si así sucediera los mismos serian pasibles de inconstitucionalidad. En segundo lugar analizar si realmente esta nueva estructura procesal constituye un avance en la materia que permita realmente solucionar los grandes problemas que afectan a nuestro sistema actual y por lo cual los promotores de este proyecto han impulsado y propiciado la reforma.

El derecho laboral se caracteriza y marca su autonomía la existencia de una serie de principios propios entre los cuales se destaca el principio protector de origen constitucional, artículo 53 de la constitución nacional, el mismo nos marca que “el trabajo estará bajo la protección especial de la ley “de este principio derivan un conjunto de reglas como el “indubio pro operario, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa, por otro lado tenemos otros que caracterizan y le dan autonomía a esta rama del derecho como los son: los Principios de: irrenunciabilidad, primacía de la realidad, continuidad, buena fe, razonabilidad, no discriminación. Vigencia y actualidad. Estos principios son aplicados por el juzgador al momento de valorar los hechos el derecho y la prueba aportada por las partes, son principios que rigen el derecho sustancial y que marcan determinadas reglas especiales que el juzgador debe de tener en cuenta al momento de dictar sentencia. Los mismos se nos presentan para equilibrar una situación que en su origen y constitución es desigual ya que el trabajador se encuentra en una posición de desigualdad frente al poder económico del empleador.

Ahora bien esta autonomía que reviste el derecho laboral y de la cual la doctrina es unánime en reconocer, ¿amerita a que el proceso laboral tenga los mismos rasgos apartándose de los principios generales que rigen el proceso? o en realidad ¿lo que aporta al proceso laboral son determinadas particularidades como las que se le reconocen hoy en día?, como un proceso donde se reclama una pretensión de carácter social.

El primer punto pasible de inconstitucionalidad, es el poco tiempo de que dispone la parte demandada para contestar la demanda en el proceso ordinario, el hecho de que el demandado solo disponga de 10 días vulneraria el principio de igualdad, bilateralidad por cuanto mientras el trabajador puede preparar su demanda con toda la amplitud de tiempo que considere necesario, armando su ataque ordenando y evaluando la prueba, el demandado dispone solo de 10 días para preparar su defensa, recolectar la documentación necesaria, que con la nueva legislación en materia de prescripción puede llevar a tener que acudir a registros documentos e información de 5 años para atrás. En contra de esto se puede afirmar que es el empleador el que dispone de la prueba y documentos necesarios y que es obligación del mismo tener toda la documentación en orden y actualizada de las personas que trabajan para él.

También se puede afirmar que existen otros procesos extraordinarios, los de estructura monitoria donde el juez resuelve de manera inicial, sin noticia al demandado y que este se entera una vez que tiene el traslado citándolo de excepciones por un plazo similar al que se le da al empleador, en estos casos nadie discute la constitucionalidad o no de estos tipos de procesos, pero se entiende que en estas circunstancias hay un documento o titulo que da una fuerte presunción de fehaciencia, la doctrina es unánime que aun en estas situaciones el principio de bilateralidad es respetado, ya que el demandado es oído y tiene oportunidad de excepcionarse y producir prueba. Ahora bien el hecho de ser trabajador ¿nos da esa presunción de fehaciencia de su pretensión? En principio este acortamiento de los plazos para la contestación de la demanda debilita el derecho de defensa de la parte demanda.

En segundo lugar se acortan los plazos para presentar la apelación pasa de 15 días a 5 días y se condiciona el mismo a depositar el 50% del monto por el que haya sido sentenciado en la primera instancia, mientras que el actor trabajador podrá apelar sin necesidad de realizar ningún tipo de aportación económica, nuevamente encontramos un trato desigual en otra oportunidad procesal donde además de reducirse el plazo (para ambos) se condiciona la posibilidad de que el demandado recurra al tribunal superior al hecho de que realice el depósito. Nuevamente encontramos un trato desigual en las oportunidades procesales de que las partes gozan para hacer valer sus derechos.

En el proceso de menor cuantía, mientras el trabajador dispone de tiempo para preparar su acto de proposición la demanda, el demandado tiene un plazo menor a los 10 días ya que en ese el plazo el juez debe realizar la audiencia, estos 10 días se cuentan a partir de la presentación de la demanda, el Juez tiene 48 hrs para proveer y realizar el traslado por tanto debemos de concluir que el plazo que el demandado tiene para organizar su defensa es de 9 días o menos según el caso, claramente se ve afectada y disminuida la defensa a la parte demandada, generando una desigualdad en la oportunidad procesal de proposición. Si bien el demandado tiene la posibilidad de contestar la demanda, excepcionarse así como de presentar la prueba que considere pertinente en la audiencia de forma verbal, los tiempos de que dispone para preparar su defensa son muy exiguos considerando la gran cantidad de información y prueba que deberá de reunir teniendo en cuenta como ya dijimos, que se pueden estar reclamando rubros de hasta 5 años hacia atrás.

Por último en este proceso de menor cuantía no se permite presentar el recurso de apelación eliminando la posibilidad de que la resolución sea revisada por el tribunal superior derecho fundamental de tener acceso a que un Tribunal superior revise la sentencia del a quo.

 

V. Conclusión.

Claramente la nueva normativa presenta indicios de inconstitucionalidad vulnerando los principios del debido proceso, el de igualdad en cuanto este se traduce en el ámbito procesal en la bilateralidad y el contradictorio entendidos estos como la igualdad de defensa en las distintas oportunidades procesales que encontramos durante el proceso.

En cuanto al fundamento práctico de esta reforma y la necesidad de acortar los plazos y la duración real que hoy en día sufren los procesos laborales, que en algunos casos más que menos llegan a durar 4 años o más, con los claros perjuicios que esto trae aparejado para la parte más débil de la relación el trabajador, entendemos que en el afán de cambiar esta situación se han vulnerado principios fundamentales de nuestro derecho procesal constitucional, sin atacar las causas reales que afectan a nuestra justicia hoy en día, y que no solo afectan a la materia laboral sino a otras no menos importantes y con el mismo carácter alimentario y social como son algunos procesos de familia, donde lo que afecta realmente la duración de estos procesos es la excesiva burocracia y culto a la formalidad por la formalidad misma, evitando que la justicia alcance los objetivos de celeridad inmediatez y predominio de la realidad antes de las formas.

Octubre de 2009.

Consulte nuestro servicio es para usted clic aquí.