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Inconstitucionalidad de la TASA BROMATOLÓGICA DE MONTEVIDEO.

Publicado en Tributario

 

Por Dr. Germán Rosas Barón

 

Es sabido en el ámbito jurídico que la tasa bromatológica de Montevideo ha sido declarada inconstitucional en repetidas oportunidades por la Suprema Corte de Justicia, una de las últimas Sentencia Nº 232.- del 18 de noviembre de 2005 y otra más reciente Sentencia Nº 77.- de 13 de junio de 2007.

En ambas se promovió la declaración de inconstitucionalidad del art. 29 del Decreto del ex Consejo Departamental de Montevideo Nº 11812 de 15 de setiembre de 1960 y sus correspondientes modificativas, por entender que violan lo preceptuado en el numeral 5º del art. 297 de la Constitución. En ese momento se entendió por la mayoría de la Suprema Corte que se trataba de un impuesto que grava la comercialización, y no de una tasa, ya que entre otras cosas faltaba la contraprestación “servicio” que exigen las tasas; al ser en realidad un impuesto no incluido en la enumeración del art. 297 de la Constitución quedaba fuera de la potestad tributaria que tiene el Gobierno Departamental, y por tanto era inconstitucional.

En octubre de 2007 por DECRETO N° 32.265 se modifica el tributo antes mencionado, modificación a causa la inconstitucionalidad antes mencionada (que podía derivar en una ola de reclamaciones judiciales y de resultados desfavorables para la Comuna). En cambio se crea un tributo al que el art. 31 llama “Tasa” (en el derecho tributario el nombre no hace a la cosa, como el hábito no hace al monje). Aquí el servicio estaría dado por el “servicio de contralor bromatológico e higiénico sanitario de todos los establecimientos y procesos de generación y manipulación, así como de los productos alimenticios derivados de ellos, destinados al consumo humano, en el Departamento de Montevideo, sean elaborados dentro o fuera de él”. En este punto tenemos que saber que es el contralor bromatológico y lo definimos de esta manera “se entiende por tal el estudio de las características generales o de las propiedades físicas, físico químicas, químicas, microscópicas o mi­crobiológicas, de los alimentos y útiles alimentarios”. Entonces para realizar ese contralor bromatológico, el inspector debe tomar una serie de muestras de los alimentos, y analizarlos minuciosamente para comprobar la seguridad para el consumo humano.

La “tasa” se abonará en cada caso que se produzcan actos de contralor o inspección. Su recaudación se destinará a los cometidos de la policía higiénica sanitaria - bromatológica. La obligación de abonar la tasa bromatológica surge cuando se produzcan actos de contralor o inspección, la norma incurre en una dinámica peligrosa desde el momento en que no limita la cantidad de inspecciones a realizar por la Comuna, que puede derivar en una carga muy pesada sobre todo para pequeños comerciantes.

Asombra lo gravoso del tributo, el monto de la tasa es de 5 UR (la UR a febrero de 2009 asciende a $ 412.90) que será multiplicado por un “coeficiente compuesto” que puede ir de 1 a 15, la suma variará o será ajustada teniendo en cuenta “la cantidad y complejidad del servicio de contralor o inspección … tomando en cuenta la ponderación de una serie de factores como ser: riesgo potencial para la salud pública de las actividades o procesos de la empresa, complejidad en los procesos de producción, superficie del área de producción, comercialización y de depósito de la empresa a inspeccionar, entre otros". A simple vista se puede apreciar la discrecionalidad (peligrosa) y lo ambiguo y abierto de los términos sobre todo cuando en el final reza “entre otros” cuestión que no queda clara, a que se refiere la normativa cuando dice entre otros. Las sumas a las que podemos llegar son muy elevadas, a esta suma por la inspección se le suma de 5 a 20 UR según el tipo de análisis que se realicen (determinaciones: microbiológicas, químicas básicas, químicas instrumentales).

Estos son los principales aspectos de la norma, en cuanto a si es inconstitucional o no podemos hacernos eco de algunos pasajes de las sentencias antes mencionadas a favor de la inconstitucionalidad de la tasa bromatológica de Montevideo.

En principio, tenemos que identificar si es una tasa o no, quedo claro que anteriormente la Suprema Corte de Justicia, pese a algunas discordias se pronunció por la inconstitucionalidad de la tasa por entender que no se prestaba ningún servicio, por lo tanto no existía contraprestación, lo que había era un impuesto que gravaba la comercialización de determinadas mercaderías o productos, y cuyo monto se calculaba sobre las ventas realizadas el año anterior por la empresa. En este caso se habla de servicio de “contralor o inspección”, pero como vimos este servicio no puede ser meramente inspectivo. El servicio requiere que se tomen muestras para su análisis de los alimentos y productos para el consumo humano, requiere además una tarea inspectiva que va mucho más allá de una mera inspección ocular y el levantamiento de un acta, de no existir análisis bromatológicos, no podemos sostener que el servicio se haya prestado efectivamente y eficientemente. Esto además de ser pasible de un recurso de inconstitucionalidad, también (el acto que determina el monto de la tasa) puede ser recurrible a nivel administrativo y al apostre pasible de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de no ser recogida por la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la Tasa.

La Tasa es definida por el Código Tributario en su artículo 12 que expresa: "Tasa es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente; su producto no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente y guardará una razonable equivalencia con las necesidades del mismo".

Siguiendo al Profesor Valdés Costa para que una tasa de estas características sea considerada como tal debe verse si el tributo es contrapartida de servicios administrativos efectivamente prestados, si guarda razonable equivalencia con el costo del servicio prestado, si su recaudación se vuelca al servicio específico, de no configurar estos extremos la conclusión forzada ha de ser que no se trata de una tasa. (Sentencia S.C.J.; Nº 232/05; Fecha: 18/XI/05).

El tributo debe guardar razonable equivalencia con el costo del servicio prestado, en este punto es donde podemos hacer otra crítica a la actual tasa bromatológica, parece excesivo que de una inspección surjan montos que pueden ir de 5 UR por el coeficiente de 1 a 15 (a febrero de 2009 $ 2.064 a $ 30.967) a lo que se le suma otro tanto por los análisis bromatológicos, facturas de $ 7.000 a $ 11.000 que se han recibido los contribuyentes parece exagerado para el servicio prestado. Cabe concluir el tributo por lo gravoso del mismo no guarda razonable equivalencia con el servicio prestado. La Intendencia en el mes de marzo de 2009 comenzó a expedir facturas correspondientes a la tasa bromatológica, a ser pagadas en plazos muy cortos, apenas tres días, ante los reclamos de los comerciantes por no poder afrontar el peso del tributo, la Comuna decidió cambiar el vencimiento a abril de 2009. Una muestra más de la falta de “razonable equivalencia”.

En cuanto a si su recaudación se vuelca al servicio específico, según cifras aportadas por la División Salud del Municipio de Montevideo, en el ejercicio 2004 se recaudó por concepto de tasa bromatológica $ 128.580.411 mientras que el costo del servicio fue de $ 43.173.587. Si el actual ejercicio arroja números similares a claras luces no se estará cumpliendo con el presupuesto del destino de la recaudación.

En conclusión, la modificación en 2007 de la tasa bromatológica pretendió ajustarse a los preceptos legales y constitucionales, creemos que no ha podido lograr su cometido y sigue siendo inconstitucional, por los argumentos antes expresados a saber: no hay contrapartida de servicios administrativos efectivamente prestados, no guarda razonable equivalencia con el costo del servicio prestado, su recaudación no se vuelca al servicio específico, por consiguiente no estamos frente a una tasa, estamos frente a un impuesto el cual deviene inconstitucional ya que excede las potestades tributarias establecidas por el art. 297 de la Constitución para los Gobiernos Departamentales.

En Uruguay al no tener un control de inconstitucionalidad general para todos los casos, como lo tiene por ejemplo en Alemania, cada contribuyente tiene que iniciar acciones legales individualmente con el fin de que el tributo no se le aplique por ser inconstitucional.

 

Marzo de 2009.